Política de Vivienda
La política de vivienda se enmarca dentro de los objetivos generales de la política económica y, al mismo tiempo, contribuye a fortalecer otras políticas sociales.
Así, no sólo pretende coadyuvar a la consecución de los fines de la política de empleo, facilitando la movilidad geográfica y laboral a través del fomento de la vivienda en régimen de alquiler, sino que también contribuye al logro de objetivos de políticas como la de cohesión social, favoreciendo el acceso a una vivienda digna a los grupos de población con menores ingresos, o las de protección de la familia, los mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad.
La política de vivienda se desarrolla mediante dos líneas básicas de actuación:
la definición de un marco legislativo general y
- con medidas de apoyo a la financiación de la vivienda, indirectas en el caso de la política fiscal y directas las de los planes estatales de vivienda.
La competencia propia del Estado en lo relativo a la planificación general de la actividad económica fundamenta su capacidad para actuar en este sector a través de planes plurianuales de vivienda, cuya aplicación, adaptada a la diversidad y necesidades de cada territorio, corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla, dentro del marco común consensuado y de los límites de los recursos presupuestarios aportados por el Estado.
Los planes establecen medidas de financiación de apoyo a las distintas formas de acceso a la vivienda: compra, alquiler, rehabilitación,...
El Plan de Vivienda 2005-2008 para Favorecer el Acceso de los Ciudadanos a la vivienda” (aprobado mediante RD 801/2005 de 1 de julio) tiene los siguientes principios:
Sencillez, transparencia y claridad de la política de vivienda.
Orientación a las necesidades de los ciudadanos.
Fomento del alquiler.
Vertebración y cooperación territorial en el diseño y ejecución de las políticas de vivienda estatales.
Flexibilidad en los medios de ejecución y gestión de políticas estatales por las administraciones autonómicas.
Rehabilitación de zonas degradadas y remodelación de barrios a través de convenios tripartitos que aseguren la financiación de programas transversales y específicos de interés social.
Evaluación y control del gasto público.
Automatización (informatización) máxima de las tareas de gestión del Plan.
Principios inspiradores del nuevo Plan
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