Frente común del sector hotelero contra Airbnb y el resto de plataformas que permiten alquilar pisos o casas por días a internet. Y esta vez con una larga retahíla de cifras. El lobi turístico Exceltur (Alianza para la excelencia turística) ha presentado este jueves un informe en que denuncia que el Sido podría llegar a recaudar 800 millones de euros el año si se regularizaran estos apartamentos. Es decir, si se los impusieran las mismas condiciones que al resto de alojamientos reglados: hoteles, hostales, albergues, pensiones, casas rurales…

Al conjunto del Estado ya hay 2,7 millones de apartamentos turísticos, enfrente 2,4 millones de plazas reguladas. Un millón de las primeras están gestionadas por las 10 primeras plataformas de alquiler por internet, más del 50% de ellas por Airbnb y Homeway.

Hoy por hoy, el alquiler entre particular está exempte de IVA, recuerdan desde Exceltur. Si no fuera así, la recaudación aumentaría 367 millones de euros. A banda y teniendo en cuenta que el 56% de las personas que ofrecen este piso en sus plataformas lo hacen a título individual y no a través de empresas, si lo declararan en su renta la recaudación sería de 432 millones de euros el año, según los cálculos del lobi turístico.

En el informe, en que se analiza por primera vez el impacto derivado del exponencial crecimiento de alojamientos turísticos en viviendas de alquiler al Estado, se contabiliza que alquilar un apartamento sería hasta 17,2 euros más caro por día si se aplicara la misma normativa que en el resto del sector. Calculan que, de este modo, saldría más barato alojarse en un hotel de tres estrellas que no en un apartamento turístico no reglado.

«Es evidente que estamos ante un negocio claramente lucrativo y tenemos que buscar la mayor ensambladura y equidad ante un modelo turístico que puede acabar con la estrategia de posicionamiento turístico de España«, ha dicho el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, en rueda de prensa en Madrid. Según su estudio, elaborado por la consultor Ernst&Young en colaboración con Nielsen, un 59% de los residentes en las zonas con más concentración de estos alquileres turísticos perciben una pérdida de la calidad de vida: al 80% los afecta el ruido, al 70% que haya más suciedad y un 42% consideran que se sienten menos seguros.

El informe también se encarga de evaluar el perfil de los turistas que utilizan estas plataformas. Después de realizar 2.200 encuestas a españoles que viajan a otros puntos del Estado, británicos, franceses y alemanes, llegan a la conclusión que es básicamente el mismo perfil que el de un hotel. Personas de dos o tres personas que, en el 52,7% de los casos optan por un piso turístico por el precio, el acceso a la cocina para poder organizarse y, en sólo un 6,1% de los casos, por el carácter experiencial que supone vivir en medio del resto de locales y conocer el propietario.

En este sentido, Exceltur hace hasta diez recomendaciones tanto a la administración central, como la autonómica y local para reformar la legislación o, al menos, hacer cumplir el actual. «Son tan flagrantes los incumplimientos», denuncia Zoreda. Reclaman proteger los ciudadano y evitar actividades que «crean expulsar»; luchar contra la economía sumergida -«el primer motor de España no puede tener un 120% de su capacidad de alojar en régimen alegal», lamentan-; obligar a una certificación turística por apartamento porque se cumpla con los mismos requisitos que de un hotel; acabar con los vacíos legales; igualdad en la iva y, sobre todo, la colaboración de las plataformas anunciantes de los apartamentos.

Exceltur ya se ha reunido con el ministerio de Industria Energía y Turismo y han obtenido una «voluntad propicia» a cambiar las reglas del juego, pero son conscientes que «estamos en periodo electoral» y ven difíciles cambios los próximos tres meses. Creen que «el cambio de legislatura es una oportunidad única para reflexionar de forma estratégica» y celebran el programa de la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para Barcelona.

El principal caballo de batalla de Exceltur es que plataformas como Airbnb dejen de ser neutrales y que sean las que recauden y transfieran el IVA al Estado, así como también se vean obligadas a facilitar los datos de los locatarios al Estado.